Declaración acerca del aumento de penas

Desde la Agrupación Mayo 68, expresamos nuestro profundo rechazo a la modificación del régimen de libertad anticipada para reincidentes así como el aumento de penas en delitos como el abigeato y el reflote del Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente (CRIA), todo en el marco de un nuevo episodio de demagogia punitiva de la mano del gobierno y los partidos tradicionales.

Sucesos como estos ya son costumbre en el marco de la “lucha contra la delincuencia” que trae consigo las ideas más decadentes del discurso jurídico-penal tales como la “alarma pública”, la “peligrosidad” y la elevación de mínimos y máximos de penas a la comisión de delitos. Lejos de ser esto un patrimonio de la derecha tradicional, el gobierno (supuestamente progresista) se ha apropiado del mismo con eficacia y de hecho ambos sectores legislan juntos -como se ha visto en las pasadas reuniones por seguridad en Torre Ejecutiva- en pos de engordar el catálogo represivo hacia las clases más vulnerables. Así, estos maestros de la demagogia punitiva llevan años tomando los problemas reales del pueblo con respecto a la inseguridad o violencia social, convirtiéndolos en un excusa para marginalizar (más de lo que ya están) a los más pobres y jóvenes, a aquellos a los que los gobiernos de turno les han negado sistemáticamente un perspectiva de vida diferente a la de la pobreza, el narcotráfico y la represión (para muestras bastan episodios como los del Marconi o Santa Catalina).

Denunciamos la modificación del régimen de libertad anticipada en tanto reduce las garantías de los privados de libertad, en el entendido de que ninguna cárcel cumple los objetivos de reeducación y resocialización sino que destruye a la persona humana. Lo que es peor, se acude al instituto de la reincidencia como fundamento, a pesar de los cuestionamientos que tiene por ser una clara violación del principio del Non bis in ídem (no se castiga dos veces el mismo delito) en materia penal. También repudiamos un nuevo aumento de penas, en este caso al delito de abigeato, que tan solo es una muestra de los aumentos que se planean. Tal y como lo hizo el gobierno de Jorge Batlle en 2002 al impulsar la creación del delito del Hurto de señal de la mano de las empresas operadoras de cable para televisión, ahora el gobierno y su extensa bancada multipartidaria se apoyan en el lobby de grandes terratenientes para subir las penas del robo de ganado justo cuando la crisis económica en el campo pega muy fuerte en los sectores más pobres. Del mismo modo, los partidarios del Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente (CRIA) encuentran apoyo en el gobierno para aumentar máximos de pena de hasta 10 años para adolescentes en conflicto con la ley penal, lo cual, es una verdadera baja de imputabilidad encubierta.

No es casualidad la consensuada necesidad de recrudecer la represión con más pena. Nos encontramos en un momento en el que el gobierno descarga sobre los sectores populares los costos de la crisis económica a través de tarifazos, recortes presupuestales (como en la UdelaR), ajuste fiscal y rebaja salarial y de pasividades, mientras que quienes, de forma obscena se hicieron millonarios en los últimos 10 años, no son alcanzados, a pesar de haber amasado su fortuna a fuerza de salarios miserables, especulación y cuantiosos beneficios por parte del Estado. En el marco de esta crisis, también cobra más fuerza que siempre la necesidad del gobierno de dotar a las fuerzas represivas de mayores recursos para reprimir a los pobres que se hacen cada día más pobres con la presencia de la Guardia Republicana en los barrios populares para realizar detenciones arbitrarias por portación de cara y procedimientos ilegales.

Es curioso como la preocupación por la “inseguridad” y su correlato punitivo jamás alcanzan a quienes realmente provocan las condiciones que generan la pobreza, la exclusión social, la marginalidad, rasgos predominantes en la enorme mayoría de quienes cometen delitos y más aún de quienes hoy se encuentran hacinados en las cárceles. Quienes dicen enfrentar al narcotráfico se niegan a tomar medidas de fondo como el levantamiento del secreto bancario y a depurar a las fuerzas represivas de toda vinculación con el narco que se apropia de barrios enteros con complicidad estatal. Tampoco se los ve muy entusiasmados en enfrentar a la delincuencia empresarial vinculada con el lavado de activos, a la que lejos de perseguirla, el Estado pretende negociar con ella a través del nuevo CPP. De la misma forma, tampoco se los ve preocupados por ir a fondo con los crímenes cometidos por los militares y civiles de la Dictadura militar fascista a los cuales se les ha rodeado de impunidad.

Convocamos a estudiantes, docentes y trabajadores a organizarse para resistir a esta nueva andanada represiva que tiene por objeto criminalizar a los más pobres, a los jóvenes y a la protesta social en general. Convocamos a todos los actores de Facultad a discutir y participar, a convertir a nuestra casa de estudios en un ámbito de resistencia a la demagogia de quienes pretenden hacerles pagar la crisis a los de abajo con represión y avasallamiento de las libertades democráticas.

Agrupación estudiantil de Facultad de Derecho Mayo 68
La Corriente Estudiantes del Pueblo