Desde nuestra agrupación, entendemos que esta ley es un avance respecto de la situación anterior, donde el aborto estaba regulado casi en exclusividad por el Código Penal (del año 1934 redactado por el fascista Irureta Goyena durante la Dictadura de Terra). En la regulación histórica, la mujer era tratada como una delincuente (art. 325 Código Penal) a la cual lastimosamente se le podía eximir de pena (art. 328 C.P.).
Creemos necesario diferenciar la "depenalizaciòn" de la "legalización". Esta distinción no es invento nuestro, sino que otros lo han hecho. Entendemos por despenalización, a la acción y efecto de dejar de prever como delito a una conducta anteriormente tipificada por la ley penal. La legalización es para nosotros, la despenalización más un proceso o política integral de promoción y protección de interese y situaciones jurídicas* que tiene como una de sus partes la sanción de normas que vayan en ese sentido.
Esta ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es predominantemente despenalizadora, le quita relevancia penal al aborto realizado en condiciones determinadas, a falta de una de ellas, se aplica la ley penal. Expresamos que una verdadera protección y promoción de los derechos de la mujer, va de la mano de la eliminación de la "objeción de conciencia" y la no intervención de los representantes legales de las adolescentes en la manifestación de voluntad de abortar entre otras cosas. Además es ineludible una política integral de acceso a la salud, que el Sistema Nacional Integrado no ha logrado alcanzar más allá de los formalismos (en particual en el Interior del país con condiciones sanitarias insuficientes para la adecuada atención). Se necesita vencer los prejuicios e implementar la educación sexual desde las escuelas y liceos y garantizar el real acceso a la anticoncepción.
La actual ley de Interrupción del Embarazo NO OBLIGA A ABORTAR A LA MUJER QUE NO QUIERA HACERLO, no se atenta la libertad de las mujeres. Una ley que despenalice o legalice el aborto, tiene por objeto FRENAR LOS ABORTOS CLANDESTINOS, LUCRATIVOS PARA ALGUNOS MÉDICOS Y SON PELIGROSOS para la vida y la salud de la mujer.
La objeción de conciencia NO DEFIENDE LA VIDA, PONE EN RIESGO LA VIDA DE LAS MUJERES. En Salto, todos los médicos hicieron objeción de conciencia, lo cual pone en serio peligro la integridad de las mujeres que no pueden trasladarse fuera del Departamento por falta de recursos. Entendemos que LAS PROFESIONES, ARTES, OFICIOS, etc, SON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA GENTE. Entendemos necesaria la PROHIBICIÓN DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA y si un médico se niega a abortar, debe presentar su renuncia al cargo.
No es objeto de este ensayo analizar exhaustivamente esta ley, pero
entendemos que es incompleta y debe ser mejorada. Pero no aceptamos su
eliminación sin más alternativa de nuestro ordenamiento jurídico, lo
cual de lograrse sería un gravísimo retroceso en la lucha por los
Derechos de la Mujer. Quienes promueven el recurso de referéndum NO
PROPONEN ninguna alternativa que contemple a la Mujer como persona capaz
de decidir sobre su propio cuerpo, sobre si acepta o no ser madre.
En cuanto al recurso de referéndum, llamamos a NO CONCURRIR A LAS URNAS el día 23 de junio a adherir la propuesta regresiva de la derecha tradicional, y de los sectores más conservadores y reaccionarios de las iglesias apañados por el diputado Andrés Lima, Tabaré Vázquez y sectores conservadores y reaccionarios de las iglesias.
Defendemos los derechos de la Mujer en cuanto persona con voluntad propia y capacidad de decidir. Defendemos la vida, POR EDUCACIÒN SEXUAL PARA INFORMARSE Y DECIDIR, POR ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL Y SEGURO PARA NO MORIR.
NI UN PASO ATRÁS, NI UN VOTO MÁS.
*Tomamos la noción sobte ilicitud (y por lo tanto protección jurídica de las personas) de Jorge Gamarra (Tratado De Derecho Civil Uruguayo tomo XIX página 189, 2º Edición. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1991).
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